En los densos bosques del norte de la República del Congo, el Parque Nacional Ntokou-Pikounda se extiende a lo largo de uno de los mayores bloques que quedan de selva tropical de la cuenca del Congo. También es el hogar de comunidades indígenas y locales cuyas familias han vivido en estos bosques durante generaciones.

Durante años, muchas de esas comunidades han pagado un alto precio por un modelo de conservación que las excluía. Las personas que viven en los alrededores del parque denunciaron palizas, intimidación y restricciones al acceso a los bosques, los ríos y los recursos de los que dependen para su sustento. Pero esa historia comenzó a cambiar el 13 de agosto de 2022.

Durante un Foro por la Democracia y el Estado de Derecho organizado por el socio congoleño de RFUK, el Centre d’Actions pour le Développement (CAD) —una organización de derechos humanos con sede en la capital, Brazzaville—, miembros de la comunidad denunciaron abusos relacionados con la gestión del parque. Sus testimonios llevaron al CAD, con el apoyo de RFUK, a iniciar una investigación independiente para documentar las denuncias.

Cuando el CAD publicó sus hallazgos en marzo de 2023, la reacción fue inmediata. En lugar de impulsar una reforma rápida, se enfrentó a hostilidad y acusaciones de injerencia extranjera. Las autoridades del parque se mostraron recelosas y el ambiente político se volvió tenso.

Sin embargo, la CAD no dio marcha atrás. Continuó documentando las denuncias de manera independiente, mantuvo el diálogo con los funcionarios del parque y con la organización conservacionista que lo administra, el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF). Impulsó soluciones prácticas basadas en la evidencia y utilizó herramientas legales para exigir que se rindieran cuentas a las víctimas.

Su persistencia ahora está dando resultados.

En 2024, el WWF y el gobierno congoleño encargaron una investigación independiente sobre los abusos cometidos dentro y en los alrededores del parque. El informe tenía algunas deficiencias, pero confirmó varias de las violaciones documentadas previamente por CAD. Lo más importante es que se hizo eco de muchas de las recomendaciones de CAD, entre ellas el reconocimiento oficial de los abusos, la indemnización a las comunidades afectadas y las reformas para mejorar la gobernanza interna del parque.

Para las comunidades que durante mucho tiempo se habían sentido ignoradas, esto marcó un cambio importante: sus experiencias ya no podían ser ignoradas.

En las semanas y meses siguientes, CAD mantuvo la presión. En septiembre de 2025, llevó a cabo una nueva misión de campo para evaluar las medidas adoptadas por los funcionarios del parque de WWF, revisar el progreso en materia de gobernanza y examinar la situación de las poblaciones locales e indígenas.

La misión constató que aún persisten desafíos importantes. El acceso a los recursos naturales sigue siendo objeto de disputas en algunas zonas y los mecanismos destinados a proteger los derechos de las comunidades siguen siendo frágiles.

Sin embargo, también encontró señales claras de que se avanza en la dirección correcta. Uno de los avances más significativos ha sido la cartografía participativa llevada a cabo con las comunidades locales e indígenas. Las comunidades ya han validado estos mapas, que se espera que sirvan de guía para la futura delimitación oficial del parque. Esto es de suma importancia. Para las familias que dependen del bosque para la pesca, la recolección y las prácticas culturales, cartografiar las tierras consuetudinarias no es solo un ejercicio técnico, sino un paso concreto hacia la garantía de los derechos y la reducción de los conflictos.