28 de noviembre de 2018

La Reserva de Tumba Lediima, en la República Democrática del Congo (RDC), se creó en 2006, principalmente para proteger a la población local de bonobos. Sorprendentemente, cuando se trazaron los límites de Tumba Lediima, nadie pensó que mereciera la pena documentar adecuadamente quiénes vivían ya allí y cómo se verían afectados por las medidas de conservación. Además, nadie había reconocido que los grupos étnicos locales tenían tabúes sobre la caza de bonobos y, por tanto, ya desempeñaban un papel clave en la protección de la especie.

Cartografía comunitaria apoyada por el galardonado programa de la Rainforest Foundation UK (RFUK) MapeoParaDerechos ha demostrado que en la zona viven más de 100.000 personas que dependen en gran medida de los recursos forestales para su subsistencia. Como estas comunidades no tuvieron voz ni voto en la creación y gestión de la reserva, se han visto muy afectadas por las restricciones a la caza y la pesca que les impusieron los gestores de la reserva, y viven bajo el temor de ser detenidas y maltratadas por guardas armados. Esta situación ha alimentado tensiones que aún no se han resuelto.

Gracias a investigación de RFUK en 34 áreas protegidas de la región, sabemos que estas situaciones tóxicas son, por desgracia, habituales en toda la selva tropical de la cuenca del Congo. Aunque cada vez se reconoce más que la conservación funciona mejor cuando participa la población local, las áreas protegidas de la región siguen estableciéndose y gestionándose con escasa consideración por los derechos consuetudinarios locales y las pautas de uso de los recursos, así como por las prácticas históricas, culturales o socioeconómicas que han configurado estos espacios a lo largo de milenios.

Este modelo descendente de conservación tiene enormes consecuencias para las personas que viven en los parques nacionales y reservas naturales o en sus alrededores. Su derecho al consentimiento libre, previo e informado (CLPI), a pesar de ser una doctrina clave del Derecho internacional, se pasa por alto sistemáticamente. Cuando se establecen zonas protegidas, incluso cuando las comunidades no son desplazadas físicamente, siguen sufriendo graves restricciones en sus actividades de subsistencia, que a menudo son incompatibles con las economías locales (mal documentadas).

Los "ecoguardas" armados que vigilan estas zonas protegidas se extralimitan sistemáticamente en sus funciones. De hecho, hay informes generalizados de abusos de los derechos humanos en toda la región. Alienar a la población local de esta manera es muy perjudicial para la eficacia a largo plazo de los esfuerzos de conservación, no sólo por el conflicto que crea, sino también por la oportunidad perdida de beneficiarse de los amplios conocimientos locales y de la participación en los proyectos de conservación.

En un nuevo informe políticoLa RFUK estudia cómo podrían evitarse todos estos problemas si se utilizaran datos cartográficos exhaustivos y participativos de la comunidad al inicio de todos los proyectos de conservación previstos, y se integraran en todas las decisiones relacionadas con la gestión de las áreas protegidas.

Explicamos cómo los actuales programas de conservación, al no tener debidamente en cuenta las reivindicaciones consuetudinarias locales, la demografía y los conocimientos tradicionales sobre conservación, están desperdiciando un enorme potencial de beneficio mutuo. Ofrecemos recomendaciones concretas sobre cómo sacar partido de iniciativas como MapeoParaDerechos para abordar esta cuestión y garantizar que los pueblos de los bosques puedan asumir un papel central en la protección y gestión de los mismos bosques de los que dependen.

Pulse aquí para leer el informe completo. También puede ver un cortometraje sobre la Reserva Tumba Lediima aquí.